CONSIDERANDO que estos espectáculos en los que se corren toros y fieras en el circo o en la plaza pública… son cruentos y vergonzosos, no de hombres sino del demonio… prohibimos terminantemente por esta nuestra Constitución, que estará vigente perpetuamente, bajo pena de excomunión y de anatema". No es ningún independista catalán o canario el que suscribe esta prohibición de las fiestas con toros, sino el Papa San Pío V, en la bula De Salutis Grecis Dominici, dictada en 1567. Incluso llega a más, decretando que "Si alguno de ellos muriere allí, no se le dé sepultura eclesiástica". El obispo Mazarrasa, de la muy taurina Ciudad Rodrigo, escribió a finales del siglo XIX en una carta pastoral: "Duélenos en el alma que tanto se haya arraigado entre nosotros una diversión justamente calificada de bárbara por los extranjeros, repugnante al buen sentido común, peligrosa en sus juegos, funesta para la moral y contraria al espíritu cristiano". La tradición antitaurina viene de lejos.
Últimamente estamos asistiendo a una auténtica cruzada montada por lo defensores de la mal llamada "Fiesta Nacional" ante la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Los protaurinos deben tener argumentos legítimos para la defensa de estos espectáculos, por lo que no se explica que hayan caído en la demagogia y en una descarada manipulación de esta decisión legítima del Parlamento de Cataluña. Denuncian que esta prohibición es una maniobra de los independentistas catalanes, una afrenta a España.
Se intenta ocultar que esta es la primera ley que se aprueba en España, no por iniciativa de un gobierno o un grupo parlamentario, sino de los ciudadanos, que recogieron más de 180.000 firmas en apoyo a una iniciativa legislativa popular para modificar la Ley de Protección de Animales catalana que exceptuaba los espectáculos taurinos. Ese es el primer y principal valor de esta decisión; por una vez los representantes populares aceptan la petición directa de los ciudadanos, lo que parece ha enojado mucho a la derecha más cavernícola de nuestro país, al socialismo folklórico andaluz, y a algunos medios de comunicación que invocan de nuevo los valores del más rancio nacionalismo.
Cuando en 1991 se prohibieron las corridas de toros en Canarias, con el apoyo del PP, nadie montó en cólera. En muchos países de tradición hispana, como Argentina o Chile, están prohibidas; también en la mayor parte de Francia. Y no pasa nada. Cuando se prohibieron las peleas de gallos, que en algunas zonas de Andalucía también eran "tradicionales", tampoco pasó nada.
Las corridas de toros son espectáculos obsoletos que tienen poca cabida en sociedades democráticas y civilizadas, en las que se rechaza el maltrato y la tortura de animales. Resulta bochornosa la invocación a la libertad de los que se erigen en defensores de las corridas de toros, y el intento absolutamente torticero de ligar su prohibición a tendencias dictatoriales. Esta es la ley más democrática que se ha aprobado en nuestro país: a iniciativa de los ciudadanos, admitida su tramitación por mayoría de los diputados, con participación de expertos del mundo taurino, de profesores de ética, de biólogos, de veterinarios…
Método ejemplar muy alejado del rodillo de turno, o de los decretazos por sorpresa. La libertad de voto que han dado los dos principales partidos catalanes es otro ejemplo a seguir para acabar con ese espectáculo bochornoso de la unanimidad de voto sin saberse muy bien lo que se vota.
Las corridas de toros terminarán desapareciendo, eso es innegable. En Cataluña había una sola plaza en activo, y el año pasado se celebraron sólo una veintena de espectáculos taurinos; esa es toda la prohibición. En los tres últimos años el número de festejos taurinos en España se han reducido en casi un 30%; en Andalucía la reducción es aún mayor: el 41,8%. La mayoría de los españoles se manifiesta en todas las encuestas en contra de las corridas de toros; solo el 10% se declara aficionado a estos espectáculos.
Si se dejaran de subvencionar con dinero público, morirían de inanición. En Andalucía las empresas taurinas reciben millones de euros al año de Canal Sur por la retransmisión de corridas de toros. Esta exhibición en un medio público de un espectáculo tan cruento en horario infantil, es ética y pedagógicamente reprochable; el dedicar dinero público, máxime en los tiempos que corren, a fomentar las corridas de toros, es política y económicamente inadmisible. En las sociedades modernas del siglo XXI las corridas de toros no tienen cabida.
Últimamente estamos asistiendo a una auténtica cruzada montada por lo defensores de la mal llamada "Fiesta Nacional" ante la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Los protaurinos deben tener argumentos legítimos para la defensa de estos espectáculos, por lo que no se explica que hayan caído en la demagogia y en una descarada manipulación de esta decisión legítima del Parlamento de Cataluña. Denuncian que esta prohibición es una maniobra de los independentistas catalanes, una afrenta a España.
Se intenta ocultar que esta es la primera ley que se aprueba en España, no por iniciativa de un gobierno o un grupo parlamentario, sino de los ciudadanos, que recogieron más de 180.000 firmas en apoyo a una iniciativa legislativa popular para modificar la Ley de Protección de Animales catalana que exceptuaba los espectáculos taurinos. Ese es el primer y principal valor de esta decisión; por una vez los representantes populares aceptan la petición directa de los ciudadanos, lo que parece ha enojado mucho a la derecha más cavernícola de nuestro país, al socialismo folklórico andaluz, y a algunos medios de comunicación que invocan de nuevo los valores del más rancio nacionalismo.
Cuando en 1991 se prohibieron las corridas de toros en Canarias, con el apoyo del PP, nadie montó en cólera. En muchos países de tradición hispana, como Argentina o Chile, están prohibidas; también en la mayor parte de Francia. Y no pasa nada. Cuando se prohibieron las peleas de gallos, que en algunas zonas de Andalucía también eran "tradicionales", tampoco pasó nada.
Las corridas de toros son espectáculos obsoletos que tienen poca cabida en sociedades democráticas y civilizadas, en las que se rechaza el maltrato y la tortura de animales. Resulta bochornosa la invocación a la libertad de los que se erigen en defensores de las corridas de toros, y el intento absolutamente torticero de ligar su prohibición a tendencias dictatoriales. Esta es la ley más democrática que se ha aprobado en nuestro país: a iniciativa de los ciudadanos, admitida su tramitación por mayoría de los diputados, con participación de expertos del mundo taurino, de profesores de ética, de biólogos, de veterinarios…
Método ejemplar muy alejado del rodillo de turno, o de los decretazos por sorpresa. La libertad de voto que han dado los dos principales partidos catalanes es otro ejemplo a seguir para acabar con ese espectáculo bochornoso de la unanimidad de voto sin saberse muy bien lo que se vota.
Las corridas de toros terminarán desapareciendo, eso es innegable. En Cataluña había una sola plaza en activo, y el año pasado se celebraron sólo una veintena de espectáculos taurinos; esa es toda la prohibición. En los tres últimos años el número de festejos taurinos en España se han reducido en casi un 30%; en Andalucía la reducción es aún mayor: el 41,8%. La mayoría de los españoles se manifiesta en todas las encuestas en contra de las corridas de toros; solo el 10% se declara aficionado a estos espectáculos.
Si se dejaran de subvencionar con dinero público, morirían de inanición. En Andalucía las empresas taurinas reciben millones de euros al año de Canal Sur por la retransmisión de corridas de toros. Esta exhibición en un medio público de un espectáculo tan cruento en horario infantil, es ética y pedagógicamente reprochable; el dedicar dinero público, máxime en los tiempos que corren, a fomentar las corridas de toros, es política y económicamente inadmisible. En las sociedades modernas del siglo XXI las corridas de toros no tienen cabida.
