Miembros de Agaden y SPAP Bahía de Cádiz ‘Refugio Kimba’ alertaron hace unos días al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de la existencia de un ejemplar de zorro (Vulpes vulpes), el cual se encontraba atado y en unas condiciones “lamentables” en San Fernando.
A raíz de la denuncia presentada, el animal fue decomisado y llevado a las instalaciones del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de El Puerto, centro que sin embargo negó en principio la acogida de dicho ejemplar.
A partir de aquí, ambos grupos, ecologista y proteccionista aseguran que buscaron la mejor alternativa para el animal, “con miras a decidir su futuro en función de las condiciones etológicas y fisiológicas del mismo”, poniéndolo en conocimiento de la Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta.
Agaden y Kimba recuerdan en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que uno de los fines de la Ley 8/2003 de Flora y Fauna silvestres de Andalucía, es la preservación de la biodiversidad garantizando la supervivencia de las especies mediante la protección y conservación de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, así como la ordenación de sus aprovechamientos. En esta ley, queda además explícitamente recogida en su artículo 7, 2-a) la prohibición de dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado, en particular durante el período de reproducción, crianza, hibernación y migración, recolectar sus larvas o crías, alterar o destruir sus hábitat, así como sus lugares de reproducción y descanso.
En este caso, “el animal había sido retirado de su lugar de cría con tan solo dos meses, por lo que se realizó la apertura de expediente sancionador a la persona que tenía en su poder el animal por su tenencia y retirada del medio”.
No obstante, con fecha de 1 de abril, estos colectivos animalistas han recibido resolución de la Delegación de Medio Ambiente, donde “queda reflejado que no solo se le devolverá el animal a la persona que ha cometido esa infracción, si no que no se le expedientará”.
Para Agaden y Kimba, “la Junta de Andalucía se ha equivocado en los medios y las formas. No se entiende cómo una persona que comete una infracción no sólo no es sancionada, si no que se le premia con la prueba de la denuncia”.
De este modo, ambas asociaciones han anunciado que solicitarán a la Consejería de Medio Ambiente que tome cartas en el asunto, que dicha resolución sea revocada, que la persona que ha cometido el delito sea sancionada y que el animal pueda ser trasladado a unas dependencias acordes con su naturaleza. De la misma manera, no se descarta el inicio de acciones legales contra la propia administración y/o la persona firmante de la resolución.
