Fuente: Diario de Cádiz 06-11-2008
La perrera de Puerto Real adquiría el paralizante mioflex desde el año 2002
Según El Refugio, las facturas de la empresa suministradora revelan la compra de grandes cantidades
La instrucción del caso por un supuesto delito de maltrato animal en la perrera de Puerto Real sigue adelante en el juzgado número 2 de la localidad. La declaración esta semana, en calidad de testigo, del gerente de la empresa que suministraba mioflex a la perrera, y las facturas aportadas por éste, demuestran que el centro puertorrealeño adquiría este paralizante muscular desde el año 2002 y en "cantidades importantes", según indicó ayer Nacho Paunero, representante de la asociación El Refugio, personada como acusación particular. Precisamente, desde El Refugio aseguran que el suministro "casualmente" se paró tras su denuncia y que "un agente del Seprona declaró en su día que el veterinario llamó a la empresa pidiéndole que no facilitaran a la Guardia Civil información sobre estas compras".
El mioflex era inyectado a perros y gatos recogidos, provocándoles una muerte lenta y agónica por asfixia a los animales. Su supuesta utilización indiscriminada se denunció en junio de 2007 y llevó a la apertura del procedimiento denal por un delito de maltrato animal en el que ya figuran siete imputados: el dueño de la perrera, la directora, el veterinario titular, el antiguo veterinario y tres trabajadores.
El pasado martes compareció también en los juzgados el último imputado, un empleado de la perrera. Su declaración, según la asociación protectora, contradice a la de otros imputados como la directora del centro, el dueño y el veterinario, y se está a la espera que el centro de Puerto Real facilite a la juez el libro de socios, "ya que se desconocen los socios que forman parte del mismo".
El proceso pasará en breve a la fase de acusación y Paunero espera que en el primer trimestre de 2009 se celebre el juicio oral.
