«Nos hemos concentrado para protestar en contra del auto dictado por la Audiencia de Cádiz. No entendemos que estando el proceso judicial abierto, con pruebas de delito aportadas por la Guardia Civil, haya una contraorden de la Audiencia», proclamó Nieves Orellano, presidenta de la asociación provincial de defensa de los animales, Kimba.
El calor que cayó no impidió, sin embargo, que la fuerte pitada vecinal contra la reapertura de la «perrera de los horrores», se prolongara durante una hora. Decenas de canes, -los hubo lanudos, cocker de largas orejas, graciosos chuchos de pelo rizado y de todos los tamaños- tampoco faltaron a la cita. «Mira esos son los perros reivindicativos», señaló una mujer al ver pasar a un trío de perros canela, que le eran familiar.
Los portavoces vecinales se mostraron atónitos ante lo que consideran una falta de responsabilidad de la instancia provincial de justicia, ya que consideran que la «reapertura de la perrera puede servir de precedente para atenuar futuras decisiones judiciales ante otros casos de maltrato animal», expusieron ayer los vecinos. A principios de mes, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil certificó en los juzgados la presencia en esta perrera de paralizantes (Mioflex), que según defiende la asociación denunciante, El Refugio, produce una lenta agonía a los animales. Sin embargo, esta instalación pudo abrir sus puertas después de que la Audiencia levantara las medidas cautelares impuestas por el juez que instruye el caso. En concreto, los agentes encontraron 53 ampollas vacías del fármaco Mioflex. Por el momento, hay siete imputados. Entre ellos, el director y los veterinarios de las instalaciones. Las plataformas contra el maltrato animal quieren que se esclarezcan las responsabilidades, y piden, de momento, «el cierre inmediato de la perrera».
FUENTE: La Voz
